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El Gobierno aprobará una norma antes del verano para luchar contra las
ausencias injustificadas del trabajo, que se completará con la ley de
mutuas.
El Gobierno está dispuesto a endurecer el control del absentismo laboral. Elaborará unas tablas con la duración media estimada que tienen las bajas, en función de la patología,
la edad del trabajador o la ocupación. En cada parte de baja aparecerá
esta cifra estimada de los días que, en términos medios, se prolonga el periodo de incapacidad. Es
la principal novedad que incluye el real decreto sobre incapacidad
temporal (IT) elaborado por los Ministerios de Empleo y Sanidad que
antes de verano aprobará el Consejo de Ministros y cuyo fin último es poner coto a las ausencias injustificadas del trabajo, una amenaza histórica en España para la productividad y competitividad de las empresas.
La idea es que dichas tablas plasmen la duración media tipo
de los distintos procesos patológicos y su incidencia en las
actividades laborales. Plazos que, en cualquier caso, serán orientativos
y persiguen reducir las ausencias al trabajo, que ahora se sitúan en una media de 11 días al año por trabajador.
Los controles serán exhaustivos con el nuevo decreto, que permitirá intercambiar datos para el control de la incapacidad temporal entre
las distintas entidades y administraciones implicadas en la gestión de
los procesos de IT. Esta mayor información permitirá también desarrollar un mapa de patologías nacional,
clave para analizar la etiología y conocer las razones por las que se
producen esas incapacidades en cada territorio. Conocer mejor los
procesos, causas e incidencias en la población de esas enfermedades es
clave para posteriormente desarrollar las políticas. Ello permitirá ahorros para el sistema y también más calidad del servicio prestado.
El absentismo laboral se ha convertido en un grave problema para la economía española,
que cobra especial relevancia en un momento en el que ahorrar recursos
es crucial para la Seguridad Social. En 2013, último año completo, se registraron un promedio de 262.345 bajas por incapacidad temporal en
media mensual, un dato que contrasta con los 483.011 procesos de
finales de 2007. Esto quiere decir que durante la crisis las bajas
laborales se redujeron un 45,6%.
Pero
si se analizan los datos de 2014 hasta abril y se comparan con el
cierre de 2013 la tendencia es inversa. Los procesos de baja registrado
durante este año ascienden a 330.427 de media al mes, un 25% más que en
2013, según reflejan los datos oficiales.
La
crisis y la fortísima destrucción de empleo que se ha producido ha
provocado que empleados que en otra coyuntura económica causarían baja
en su empresa, se hayan resistido más a hacerlo por miedo a perder su empleo.
A esta circunstancia se han unido también medidas aprobadas por el
Gobierno en 2012 que hacen más fácil perder el empleo por faltas
reiteradas al trabajo. La reforma laboral fijó como causa de despido
procedente, con una indemnización de 20 días por año trabajado con un
máximo de doce mensualidades, los casos de faltas de asistencia al
trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las
jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses
discontinuos dentro de un periodo de doce meses.
El coste directo de este absentismo,
por prestaciones, complementos, mejoras y cotizaciones en favor de los
trabajadores, superó los 8.000 millones en 2010. Las mutuas pagaron ese
año 3.371 millones en prestaciones. Las entidades gestoras de la
Seguridad Social asumieron unos 2.600 millones, y el coste con cargo
directo a los empresarios ascendió a 2.100 millones.
Pérdidas de 64.000 millones
Pero mucho más abultada es la cifra de lo que dejaron de producir este millón de trabajadores que
de media faltaron cada día a su puesto de trabajo en España durante el
ejercicio de 2010. Según los cálculos empresariales esta cifra asciende a
más de 64.000 millones, más del 6% del PIB.
Los
cambios normativos son complementarios a las medidas que recogerá la
ley de Mutuas. El anteproyecto que estudió el Consejo de Ministros, pero
pendiente todavía de aprobación, da a esas asociaciones de empresarios
poder para controlar el fraude en las bajas. Así, podrán dar por
terminada la baja médica de un trabajador si la sanidad pública no
responde a su propuesta de alta en cinco días. Ahora, las mutuas solo deciden altas si se trata de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En el caso de enfermedades comunes y accidentes no laborales, se
limitan a pedir el alta al médico de cabecera de los servicios públicos.
(Noticia extraída de ABC)
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